Morelia, Michoacán
Y finalmente, la presión hizo efecto: Adrián López Solís se alista para dejar el cargo de Fiscal General del Estado, faltándole casi cuatro años del periodo para el que fue designado en 2019.
Su pasado con el exgobernador perredista Silvano Aureoles, actualmente prófugo de la justicia y con una orden de captura a cuestas por el presunto quebranto de 3 mil 400 millones de pesos en la construcción de cuarteles para la Policía durante los años que estuvo en el poder, parecen haberle pasado factura a quien fuera su operador político, jefe de campaña y secretario de Gobierno.
Fuentes al interior de la Fiscalía estatal confirmaron a este medio que la renuncia de López Solís está puesta sobre la mesa y el lunes próximo estaría oficializando su salida.
De hecho, su actividad en redes sociales se detuvo desde el pasado 24 de junio, cuando dio a conocer una firma de convenio que formalizó con el gobierno de ese municipio conurbado de Morelia, y que sicarios han elegido para la ejecución de rivales o víctimas de cobros de piso, secuestro y extorsiones. Han hecho de ese lugar un tiradero de cadáveres.
Apenas hace dos semanas, el también ex diputado local por el PRD presumía una baja en la incidencia de homicidios a nivel estatal.
Lo hizo en una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien suena para sucederlo en el cargo y que, de concretarse, llevaría al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a nombrar a otro encargado o encargada de la política interna, cargo que también ya ocupó durante unos meses en este gobierno Elías Ibarra.
En redes sociales, el viernes circularon imágenes de que la mudanza en el despacho principal del fiscal ya había iniciado.
Sin embargo, hasta este momento ni él ni la Fiscalía han emitido alguna postura oficial sobre su dimisión, que se da luego de tres años de supuestas presiones ejercidas desde el poder estatal por su conexión política y de amistad con Aureoles, a fin de colocar en esa posición un perfil con afinidad a la Cuarta Transformación.
En esa ruta, el primero en caer fue Miguel Ángel Aguirre Avellaneda – el auditor general acusado de proteger a silvanistas – y el siguiente objetivo era el fiscal estatal. Tardó, pero cayó.
