Opinión / Por Luisa María Calderón
Michoacán, financiamiento 2020
Al asumir la gubernatura del estado el dr Salvador Jara Guerrero en Michoacán, en 2013, dio a conocer que el monto de deuda de Michoacán llegaba ya a 27 mil millones de pesos que los gobiernos de Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, habían contratado con aprobación del Congreso del estado sin ton ni son, que se destinaban esencialmente a pagar gasto corriente como salarios y convenios con los sindicatos. Además de que se contrató, en la mayoría de los casos, en condiciones malas para el estado: con los intereses más altos y sanciones también caras.
De allá para acá se ha legislado en el ámbito federal, entre 2013 y 2018, para que no pueda endeudarse un gobierno para cubrir temas como gasto corriente, sino sólo para infraestructura, además que está calificado quién puede y quién no puede hacerlo en términos de riesgo por sus deudas a corto y largo plazo.
Cuenta cuánto costó el préstamo, en qué se ocupó, cuánto se ha abonado a cuentas anteriores, cuánto se endeuda en función de su presupuesto total, entre otras variables.
Por otro lado, y como lo hemos mencionado bastante, el gobierno federal hoy ha reducido el recurso que desde el pacto federal venía redistribuyendo a estados y municipios que no pertenecen al partido del titular del Ejecutivo, de tal forma que no puedan trabajar con lo elemental.
Redujo en casi 40% el recurso para el campo y en 25 el recurso para seguridad. Si no se desarrolla el campo en especial en las zonas pobres, la migración hacia las ciudades aumenta y aumenta la inseguridad.
Si se reduce el presupuesto para la seguridad, obviamente aumenta la inseguridad. No es que los mensajes de “pórtense bien” van a sustituir una política de infraestructura para reducir a su vez factores que inciden en el aumento de la delincuencia.
Ante este panorama, el Ejecutivo estatal ha enviado a los diputados locales una propuesta de financiamiento que tiene las características que la legislación hoy obliga para endeudarse con responsabilidad.
Aquí la enlisto para compartir contigo:
-Infraestructura educativa y de investigación: casi cincuenta y un millones
-Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales: $249´300,000.00
-Vialidades urbanas: $651´957,582.75
-Plazas, parques, jardines y espacios abiertos: $29´250,000.00
-Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios: $3´000,000.0
-Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos: $801´280,059.52
-Centros de asistencia social: $3´060,000.00
-Carreteras, autopistas y aeropistas: $1,095´255,827.14
-Otras obras de urbanización: $18´340,000.00
-Instalaciones y equipamiento de edificaciones para la seguridad pública, policía y tránsito: $977´558,530.59
-Instalaciones y equipamiento en calles, parques y jardines: $120´000,000.00
Como lo puedes ver, son inversiones para la seguridad y el desarrollo. Tienen etiqueta y monto, y, como sabemos, incentivar la construcción genera empleos, circulación de recursos e impulsa la economía
Algo ha cambiado: no es deuda para gasto corriente, no dependerá de la gestión de los diputados, no es para cualquier cosa sino que declara monto y objetivo, y tú y yo podemos darle seguimiento, que es nuestra facultad como ciudadanos.
Que tengan un fantástico fin de año, y envío mis mejores deseos de que 2020 sea un mejor año que el que hoy dejamos atrás.
