La Columna / Por José Cruz Delgado
Junta de Caminos, la extinción
Aunque dura, fue acertada la decisión del Gobierno de Michoacán de decretar la extinción de la Junta de Caminos, pues la crisis financiera por la que atraviesa el estado no le permitía seguir manteniendo al organismo. En otras palabras: fue un mal necesario.
De esta manera, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Consejería Jurídica del Estado iniciaron el proceso para la liquidación de la Junta de Caminos, luego que el pasado 25 del mes en curso se publicara el Decreto de Extinción del organismo y entrara en vigor a partir de ayer.
Y es que, anualmente, ese organismo le costaba un dineral al estado, pues nada más y nada menos que más de 115.5 millones de pesos, solo en sueldo y prestaciones (servicios personales que representan el equivalente a más del 100 por ciento de sueldos).
Eso, adicional a los más de 30 millones de pesos en adeudos que se arrastran de los ejercicios 2008 y 2012, que derivaron en demandas, las cuales, a la fecha, tienen sentencias firmes que superan los 30 millones, lo que la convierte en un organismo, jurídica y financieramente, inviable.
Así que, si bien es facultad del Gobierno Estatal la modificación, fusión, creación y/o liquidación de los organismos y entidades de la administración pública, entre otros, el Estado presentó al Congreso local la propuesta de finiquito de la JC, al incluir en la iniciativa del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, su extinción.
La decisión se tomó, derivado del análisis de los Estados Financieros de la Junta y de un estudio económico realizado por una consultoría externa, que determinó que el organismo ya no cumplía con sus objetivos, al dedicar la mayor parte de su presupuesto al gasto corriente
No hubo nada ilegal con esa decisión, pese a que de inmediato los diputados de Morena, que se sienten redentores, inmaculados y los salvadores de todo, criticaron la medida, porque además utilizaron a los ex trabajadores de la Junta de Caminos con fines perversos para golpear al gobierno de Michoacán y sacar raja política, principalmente la gris diputada por el distrito de Apatzingán, Sandra Luz Valencia.
Tiene mucha razón el legislador Antonio Soto Sánchez al decir que hubo una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo al Congreso del estado para la extinción, pero que fueron omisos, por ello el Ejecutivo, de acuerdo a sus atribuciones legales, tomó la decisión de extinguir al organismo.
Ahora bien, el Gobierno de Michoacán no los abandonó ni los despidió como lo señalaron los perversos diputados morenistas, pues en lo que va del año, 84 trabajadores de la JC finiquitaron su relación laboral: 44 fueron liquidados con beneficios extraordinarios, incluyendo 13 de estructura; en tanto que 40 empleados más, se contratarán vía SCOP.
Sin embargo, tratando de sacar raja política, los morenos utilizaron el caso para golpear políticamente al gobierno. Hoy sí brincaron con esa decisión, pero guardaron un silencio de complicidad cuando Andrés Manuel López Obrador, por decreto, eliminó las Zonas Económicas Especiales.
No dijeron ni pío.
