Staff/Reportero
En la revisión del gasto público realizado en 2019 por el Gobierno Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por cerca de 12 mil 276 millones de pesos.
Entre los entes fiscalizados con mayores señalamientos de presuntas irregularidades se encuentran la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., encargado de la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, así como Pemex y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Entre las observaciones a la Secretaría del Bienestar, se encontraron irregularidades por 609 millones de pesos en el programa Sembrando Vida, por no haber acreditado la entrega de 74 mil 962 apoyos.
En tanto el programa Servidores de la Nación se observaron 561 millones de pesos, entre los que se encuentran la falta de comprobación del pago de 321 millones de pesos, así como la transferencia de 87 millones a tres cuentas bancarias, que carecen de documentación que las acredite.
Para la Secretaría de Cultura, son 27 las observaciones, que en total suman mil 707 millones de pesos, entre las que destacan el supuesto pago de 727 millones a deudas anteriores a 2019, de las cuales no se ha encontrado documentación que lo acredite.
En el informe de la ASF, publicado el pasado 20 de febrero, se encuentra también el reporte de irregularidades por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ente federal encargado de sancionar a funcionarios y exfuncionarios por los actos de corrupción que cometan.
Y es que la Auditoría solicitó información a la dependencia sobre la contratación de seis funcionarios a altos cargos públicos, además de que señaló a la Secretaría de no haber realizado las investigaciones necesarias contra los actuales funcionarios federales.
“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, señaló la Auditoría Federal.
