Staff/Reportero
Morelia, Michoacán (02 Abr 2019).- En medio de la disputa entre la CNTE y la Federación por la reforma educativa, el Gobierno de Michoacán sigue en la búsqueda de un nuevo acuerdo para el pago de la nómina magisterial.
Para ello, hoy el gobernador Silvano Aureoles se reunió con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó esta tarde el gobierno estatal.
“En esta administración federal, como en ninguna otra, estamos encontrando las condiciones para alcanzar la solución que se requiere, en beneficio de nuestras niñas, niños y jóvenes, que son lo más valioso, y su derecho a no perder clases porque sus maestras y maestros deben salir a manifestarse por falta de pagos”, expresó el mandatario estatal.
Aureoles celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera suya la propuesta de federalizar la nómina magisterial, lo que repercutirá, dijo el michoacano, en la recuperación y fortalecimiento de estados y municipios.
#AsíLoDijo
Qué bueno que encontremos esa coincidencia con el señor presidente, para que le demos una solución de fondo a un problema que, para Michoacán, va a cumplir tres décadas.
Aureoles y Moctezuma coincidieron también en la necesidad de impulsar un nuevo acuerdo de concurrencia en materia educativa, acorde a las capacidades reales de los Estados.
Y es que, en el caso de Michoacán, el acuerdo educativo de 1992 provocó que la carga financiera para la entidad se fuera cuadruplicara, lo que provocó un déficit anual de hasta 5 mil 200 millones de pesos para el pago de la nómina magisterial.
“De ahí, la importancia de que juntos, Federación, Estado y sindicato, sigamos trabajando en la construcción de este gran acuerdo para superar este grave problema histórico”, convocó.
En tanto, en la Cámara de Diputados prevén sesionar esta semana -luego de tres intentos fallidos- para discutir la reforma educativa, ante la nueva amenaza de sabotaje por parte de la CNTE.
López Obrador ha conminado a los maestros disidentes a no ser “rebeldes sin causa”, pero éstos respondieron declarándose en alerta máxima para impedir la aprobación de la nueva ley, si ésta no incluye la entrega de plazas y si no se eliminan los mecanismos de evaluación docente.
