Zona Cero
Por Christian B. Guzmán
Educación, la olla de presión
Se veía venir. Michoacán no podía resistir mucho tiempo más conteniendo la olla de presión que significa la creciente y aplastante nómina magisterial, de la que el Gobierno federal se fue desentendiendo, -hay que decirlo, plácida y convenientemente-, durante varios lustros.Su firma por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica celebrado el 18 de mayo de 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, terminó siendo para Michoacán, y seguramente otros estados, una trampa mortal que fue lesionando sus finanzas públicas casi al colapso.
Y para muestra un botón: mientras en 1992 la aportación estatal de Michoacán en educación representaba el 9.6 por ciento del total, para 2012 esa carga se había disparado ya a casi el 37 por ciento. En contraparte, la Federación fue soltando su responsabilidad, pues en 1992 se hacía cargo del 90.4 por ciento del gasto educativo de la entidad, mientras que para 2012 éste había bajado sustancialmente al 63 por ciento.
Otro ejemplo: en el año 2000 el gasto estatal en educación era de mil 131 millones de pesos y el federal de 5 mil 246 millones. Para el 2012, los montos se modificaron a 6 mil 410 millones el gasto estatal (cinco veces más), y el federal a 11 mil 106 millones de pesos (dos veces más).
La situación se agravó aún más ante la presión ejercida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que puso de rodillas principalmente a los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) y de Leonel Godoy (2008-2012), a los cuales -mediante el caos en las calles- les arrancó la firma de diversas minutas que representaban cientos de millones de pesos con cargo al erario sin tener el soporte financiero, por concepto de bonos que, a la fecha, deben pagarse cada año adicionales a su sueldo.
Fueron tiempos en los que ambos gobernantes entregaron no sólo la cartera a la CNTE. También la rectoría de la educación al designar secretarios del rubro, afines al movimiento magisterial.
Consecuencia de todos esos factores, la radiografía actual nos muestra a un estado severamente minado en sus finanzas por la nómina educativa. Hay 50 mil 944 plazas laborales federales (63%) y 29 mil 267 estatales (37%); éstas últimas representan un costo anual en nómina de 6 mil 764 millones de pesos, aparte de mil 21 millones de pesos que deben de cubrirse por concepto de ¡23 bonos!.
Bajo ese negro panorama, el gobernador Silvano Aureoles tomó la decisión de retirarse del pacto educativo signado en 1992 –y modificado en 2014-, por considerar que es eminentemente negativo para su estado, por lo que inició ayer lo que, en términos jurídicos llaman, la interpelación extrajudicial que –amparado en las leyes vigentes y al principio de soberanía estatal- pone fin a dicha relación con la Federación, y traza la ruta para establecer un nuevo acuerdo más equitativo y acorde a la capacidad financiera de la entidad.
No haber tomado esta decisión, conociendo los números, habría condenado a Michoacán a un desplome en caída libre con catastróficas consecuencias. Falta ver, ahora, la reacción del equipo de trancisión de Andrés Manuel López Obrador, al que le tocará responder el proceso iniciado por el gobierno silvanista ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la de Educación Pública, que durante los últimos tres años subsidiaron con casi 3 mil millones de pesos anuales al estado para hacer frente al déficit educativo, pero sin regularizar esa transferencia.
Con el gobierno saliente ya no se puede contar. La sucesión presidencial está a un suspiro pero, no todo está perdido; si algo se le conoce a Morena y su mesías, es la euforia incontenible por hacer sentir que ya son gobierno. ¡Qué bien! Porque será interesante ver su destreza para contener la peligrosa ebullición.
