Staff/Reportero
Morelia, Michoacán (26 Nov 2018).– En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Michoacán anunció hoy su decisión de devolver a la Federación los servicios educativos del nivel básico, ante la imposibilidad financiera de la administración estatal para seguirle haciendo frente en los términos pactados por el Gobierno de la República en los años 1992 y 2014.
El Gobernador perredista Silvano Aureoles afirmó que el esquema actual de coordinación, establecido por las secretarías de Hacienda (SHCP) y de Educación Pública (SEP) “ha generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales”.
En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Aureoles informó que esta mañana su gobierno ha notificado e iniciado la interpelación extrajudicial ante la SHCP y la SEP a fin de que los servicios educativos queden reintegrados a la Federación en un término de 30 días contados a partir de hoy.
“Queremos decirles con toda responsabilidad, que la interpelación que hace el Gobierno de Michoacán está debidamente fundada en las leyes vigentes, y sustentada en información exhaustiva y detallada que hemos integrado en los anexos de la notificación respecto a diversos incumplimientos de la Federación”, sostuvo.
Puntualizó que su gobierno no está renunciando a la responsabilidad social del Poder Ejecutivo del Estado con la educación, “pues la política educativa es única y exclusivamente responsabilidad federal, y los estados y los municipios somos concurrentes”.
“En el Gobierno de Michoacán asumimos nuestra responsabilidad de la concurrencia, pero en un nuevo esquema de entendimiento, en un nuevo acuerdo; en una nueva relación Federación-Estado para atender una necesidad básica que es la educación”, señaló.
Ante los medios, el mandatario michoacano expuso cifras sobre la situación financiera del sector educativo en Michoacán, donde el sindicato es controlado mayoritariamente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Señaló que en Michoacán existen 11 mil planteles educativos, de los cuales 4 mil 685 son de sostenimiento federal y 6 mil 315 estatal.
De las plazas laborales existentes, 50 mil 944 son federales, que representan el 63 por ciento del total, y 29 mil 267 estatales (37 por ciento), que representan para el Gobierno del Estado un costo anual en nómina de 6 mil 764 millones de pesos.
Adicional al costo de la nómina salarial, detalló Aureoles, los trabajadores estatales perciben 23 bonos durante el año, con un costo global de mil 21 millones de pesos.
Destacó que en 1992, al firmarse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la aportación estatal en educación representaba el 9.6 por ciento y el de la Federación el 90.4%.
Para 2012, la participación estatal se había disparado ya a 36.59 por ciento y la federal se había reducido a 63.41 por ciento.
“Es decir, en 14 años la participación estatal en educación se incrementó en un 55 por ciento respecto a 1992, lo que fue generando un enorme boquete en las finanzas del estado y un creciente déficit acumulado para el pago de la nómina magisterial”, ilustró.
En cifras, añadió que la participación estatal en el sector educativo significó para Michoacán ése año un desembolso de 6 mil 410 millones de pesos, contra 11 mil 106 millones de la Federación.
Aureoles señaló que esta presión financiera ha provocado que año con año se deban realizar gestiones extraordinarias por alrededor de 3 mil millones de pesos.
“Estamos a merced del centralismo, de lo que diga la Federación y de cómo se resuelva la distribución del recurso, cuando esto debe de quedar debidamente regularizado para generar certeza”, sentenció.
